La Ley Antifraude es una ley que tiene como objetivo combatir el fraude fiscal en España. Esta ley, que fue aprobada en octubre de 2020 y entró en vigor en diciembre del mismo año, introduce una serie de medidas para prevenir y perseguir el fraude fiscal, así como para mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Una de las medidas más importantes de la Ley Antifraude es la obligación de declarar las cuentas bancarias y los bienes en el extranjero. Desde 2022, las personas y empresas españolas tienen la obligación de declarar todas las cuentas bancarias y los bienes que posean en el extranjero, incluyendo los activos digitales, como las criptomonedas.
Además, la ley refuerza la lucha contra el fraude fiscal en el ámbito digital. Se establece la obligación de informar a la Agencia Tributaria sobre la cesión de datos por parte de las grandes plataformas tecnológicas, como Google o Amazon, así como la obligación de presentar la declaración de impuestos por parte de los intermediarios en las transacciones electrónicas.
La Ley Antifraude también introduce medidas para luchar contra la economía sumergida y el fraude laboral. Se establecen sanciones más severas para aquellos empleadores que no cumplan con las normas laborales y se establece la obligación de registrar la jornada laboral de los trabajadores.
Por otro lado, la ley refuerza la transparencia y la lucha contra la corrupción. Se establece la obligación de publicar en el BOE los datos de los contratos públicos, así como la obligación de publicar las sentencias judiciales relacionadas con la corrupción.
La Ley Antifraude también incluye medidas para luchar contra el fraude en el IVA y en el impuesto de sociedades. Se establece la obligación de presentar la declaración del IVA en tiempo y forma, así como la obligación de declarar los beneficios obtenidos en el extranjero en el impuesto de sociedades.
Otro punto a destacar es que la Ley Antifraude también introduce una serie de medidas para mejorar la colaboración entre la Administración Tributaria y los órganos judiciales. Se establece un procedimiento de colaboración entre la Agencia Tributaria y la Fiscalía para facilitar la investigación y persecución de los delitos fiscales. Además, se refuerzan los medios de control e inspección de la Agencia Tributaria para detectar el fraude fiscal y se establece la figura del asesor fiscal registrado, que tendrá la obligación de cumplir con los estándares éticos y profesionales establecidos por la ley.
Otra medida importante de la Ley Antifraude es la creación del Registro de Planificaciones Fiscales, en el que se recogerán las operaciones fiscales que tengan por objeto evitar el pago de impuestos. Esta medida permitirá a la Agencia Tributaria detectar y perseguir con mayor eficacia las prácticas fiscales abusivas.
Como hemos visto, esta ley introduce una serie de medidas para mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como para reforzar la lucha contra la economía sumergida y el fraude laboral. Con estas medidas, se espera que se reduzca la evasión fiscal y se mejore la recaudación de impuestos, lo que contribuirá al fortalecimiento del sistema fiscal español y a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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